martes, 12 de marzo de 2013

La reforma protestante y las relaciones Iglesia-Estado



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La reforma protestante constituye quizás la más grave crisis ocurrida en la historia del cristianismo. La reforma de la Iglesia era una necesidad vivamente sentida desde el siglo XIV, pero no acababa de ser decididamente impulsada por la jerarquía eclesiástica. Este anhelo de reforma, es decir, de superación de la incongruencia entre la doctrina de la Iglesia y las costumbres y abusos de muchos dignatarios eclesiásticos de la época, explica en buena parte el éxito que en el siglo XVI encuentra la predicación de los "reformadores" protestantes, entre los que destacan Lutero, Zwinglio y Calvino. La acción de estos reformadores, realizada en abierta rebelión contra la autoridad papal, no se limitó al aspecto disciplinar; es decir, a fustigar los vicios y corregir los abusos de los eclesiásticos, utilizando como criterio para la crítica la doctrina tradicional de la Iglesia; por el contrario, su mensaje, con creciente radicalización, se enfrentó con el dogma y con la idea misma de una Iglesia jerárquicamente estructurada.

Reforma protestante Lutero

No es posible resumir aquí con precisión las ideas de los grandes reformadores. Propugnaron un conjunto de convicciones religiosas, con muchas diferencias, no sólo de matiz, entre las doctrinas de cada uno de ellos e incluso entre las distintas etapas de la formación del pensamiento del mismo autor. Sin embargo, es posible señalar algunas actitudes básicas frente al catolicismo, que dan una cierta unidad a la teología protestante y que van a tener una notable influencia en la futura comprensión de las relaciones entre el poder temporal y las distintas confesiones religiosas, en claro contraste con los planteamientos tradicionales.

Ante todo hay que recordar la doctrina protestante que veía en la Escritura la única fuente de conocimiento de la voluntad de Dios y en el libre examen el método adecuado de comprensión de la Palabra divina; tal planteamiento implicaba apostar por una Iglesia interior y subjetiva, que contrastaba abiertamente con la visión católica de una Iglesia con unidad de fe y de culto y gobernada por una jerarquía, cuya cabeza es el papa. Es más, a medida que la reforma protestante va rechazando con progresiva intensidad la doctrina de los sacramentos, va perdiéndose en su seno el sentido de una jerarquía constituida por los ministros destinados a administrarlos. En resumen, puede afirmarse que, pese a las divergencias doctrinales entre sus diversas corrientes, el protestantismo rechazaba la Iglesia jurídica y jerárquica. De tal rechazo es bien expresivo el gesto de Lutero, quemando en la plaza pública los libros del Corpus Iuris Canonici y la bula en la que se le excomulgaba.

Pese a las diferencias de criterio, en este punto, entre Lutero y Calvino, y a la fuerza con que algunas comunidades reformadas como la de Ginebra, se lanzan a configurar la vida colectiva con criterios severos, que impongan las conductas que se estiman genuinamente evangélicas, la idea de un poder espiritual distinto del temporal estaba destinada al abandono por parte del protestantismo naciente, que llevó hasta sus últimas consecuencias el camino marcado por Marsilio de Padua. Y sin una idea clara de jerarquía espiritual, distinta de la temporal, caía por su base la posibilidad misma de un planteamiento dualismo de las relaciones entre religión y política.

El proceso es lento, e impulsado más por la visión luterana que por la calvinista; pero es claro que la reforma protestante, al apartarse de la idea de la Iglesia jerárquica, presta un indirecto pero eficacísimo apoyo al absolutismo estatal, entonces en plena expansión. Sobre la base de su radical pesimismo respecto de las posibilidades de virtud del hombre, Lutero afirma que sólo los príncipes tienen la competencia para dar leyes y para imponer el orden reprimiendo a los malvados; sobre ellos recae la responsabilidad de organizar los distintos aspectos de la vida colectiva, incluido cuanto es necesario para el desenvolvimiento del culto religioso. Esta tendencia hacia un único poder está presente, incluso en aquellas experiencias protestantes en las que se conserva una función episcopal o presbiteral. En todo caso desaparece la vinculación al papa, pieza clave del dualismo cristiano. No deja de ser significativo que en el país en el que, a raíz de la separación de Roma quedan inicialmente intactos el patrimonio dogmático, la estructura jerárquica y los usos litúrgicos tradicionales (tal es el caso de Inglaterra), sea el rey quien asuma la función de cabeza de la Iglesia.

Esta tendencia histórica, desdibujadora del dualismo, coloca al Estado absoluto en la función de protagonista del gobierno de la vida religiosa y, al mismo tiempo que refuerza el absolutismo estatal, colorea aun más intensamente a la organización política de una significación religiosa. En efecto, como es bien sabido, la reforma triunfa en vastos territorios de Europa, mientras que en otros se conserva la fidelidad a los papas de Roma. Los monarcas toman partido, en esta Europa definitivamente dividida, bien en favor de la difusión de la reforma, bien en pro de la conservación de la fe tradicional. De este modo, de una Europa unida en la fe católica, en la que el imperio daba una cierta estructura institucional unitaria a la Cristiandad medieval, se pasa -tras los fallidos intentos de Carlos V por conservar la unidad religiosa y el sentido tradicional de la dignidad imperial- a una Europa dividida en Estados absolutos, que se autocalifican de católicos o de protestantes y en los que la unidad religiosa se considera presupuesto fundamental de su cohesión interna y la religión del príncipe marca el sentido de muchas opciones de la política exterior y de la toma de posición en conflictos bélicos, que son verdaderamente -aunque no exclusivamente- guerras de religión. Ciertamente, el Imperio y los reinos medievales tenían una clara significación religiosa, eran piezas políticas de la Cristiandad; pero es después de la división religiosa cuando los estados tienen una religión, como uno de los rasgos que les individualiza frente a otros estados. Es, realmente, en esta coyuntura histórica, cuando cobra todo su sentido la idea de Estado Confesional. Esta matización religiosa de los Estados se configura definitivamente en la paz de Westfalia (1648), que cierra las guerras de religión, sin que la división religiosa se haya superado por la fuerzas de las armas. El equilibrio europeo se estableció sobre la base del principio "cuius regio illius religio", que permitía a cada príncipe imponer su religión a los súbditos de su reino.

En este contexto se comprende el histórico nexo entre confesionalidad e intolerancia -represión estatal de los ciudadanos disidentes en materia de religión- y también las reclamaciones y concesiones de tolerancia que aparecen en este período histórico. La tolerancia se concibe como la concesión de una fórmula jurídica que proteja de algún modo la posición de los ciudadanos que practican religiones distintas de la del príncipe. En estas reclamaciones de tolerancia están las raíces políticas de la idea de libertad religiosa, la primera de las libertades sentida y reclamada, cuya búsqueda contribuirá decisivamente a impulsar el movimiento en favor de los derechos del hombre, que habría de cobrar consistencia histórica a finales del siglo XVIII.

Fuente:
Derecho eclesiástico del Estado español, José M. González del Valle, Pedro Lombardía, Mariano López Alarcón, Rafael Navarro Valls y Pedro Juan Viladrich. Páginas 64-67.