domingo, 3 de marzo de 2013

"Ius Canonicum" | "Ius Civile"



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El Derecho Canónico clásico constituye uno de los fundamentales elementos del Derecho de la Edad Media. Desde el punto de vista de la cultura jurídica, la Europa medieval conoce dos Derechos: el civil, contenido en la recopilación justinianea, y el canónico, que se plasma en el Corpus Iuris Canonici.

Derecho canonico y edad media

- La influencia recíproca entre el Derecho civil y el Derecho canónico en la Europa medieval


Ambos son estudiados en las Universidades e influyen en la práctica jurídica de Europa, en la medida en que contribuyen a formar el criterio de los hombres que aplican el Derecho. En este plano de la cultura jurídica hay que tener en cuenta, sin embargo, que ambos Derechos están en una continua y recíproca influencia. El civil contribuye a articular las soluciones técnicas del Derecho de la Iglesia; a su vez, el canónico toma posición ante cuestiones no exclusivamente eclesiásticas, rectificando por esta vía aquellas soluciones jurídicas del Derecho romano que no se consideraban conformes con los criterios eclesiásticos. En realidad, cuando los papas legislan en la Edad Media no pretenden sólo resolver los asuntos internos de la Iglesia, sino aportar soluciones cristianas al Derecho del momento; de este modo, cumplían un papel en cierta manera análogo al que han desempeñado los pontífices de fines del siglo XIX y del siglo XX, al exponer criterios generales de carácter doctrinal en las modernas Encíclicas, pero entonces lo hacían ejerciendo un verdadero poder legislativo, cuya eficiencia reconocía la Cristiandad.

- ¿Suponía esto una invasión en el campo de competencia del poder temporal?


En la Edad Media no cabe, ni siquiera, formular la cuestión en estos términos. Téngase en cuenta que cuando surge el Derecho canónico clásico aún no ha aparecido el Estado, como forma de organización política, tal como se concibe después del Renacimiento. El Derecho medieval es ante todo una cultura jurídica: el Derecho común, romano y canónico, que es el que se enseña en las Universidades y aprenden todos los juristas cultos. En este sentido, el Derecho común influye, no porque lo imponga un rey, el emperador o el papa, sino porque constituye el saber jurídico de los hombres cultos. Los reyes o el emperador aún no tienen ni siquiera la pretensión de que su voluntad sea todo el Derecho; dan tal o cual edicto concreto, intentan influir sobre las reglas que regulan la vida de las entidades libres, conceden tales o cuales privilegios o fueros a la burguesía de las ciudades, tratan de consolidar o recortar determinadas facultades de la nobleza, etc.; pero en el orden medieval no hay una tensión entre Derecho canónico y Derecho secular, en los términos en que este problema puede plantearse después de la consolidación del Estado.

- La creación, por los Papas, de un Derecho culto, de difusión universitaria


En realidad hay un Derecho común (romano y canónico) típicamente universitario; pero también un Derecho real, un Derecho municipal, un Derecho de determinados grupos o clases eclesiásticas o seculares, etc. El gran éxito de los papas estriba en que, además de poner en juego su poder para hacerse obedecer en las cuestiones eclesiásticas o en conseguir que tales o cuales cuestiones o personas caigan bajo la competencia de los tribunales eclesiásticos, consiguen además crear un Derecho culto, de difusión universitaria, cosa que ningún Emperador o rey del Medievo intentó siquiera lograr; para la Universidad medieval el último príncipe temporal creador de un sistema de Derecho más o menos había sido Justiniano. El y los autores de las normas contenidas en el Corpus Iuris Canonici entraban a integrar un sistema de textos, cuya fuerza principal estaba en la auctoritas y cuyo alcance concreto era en definitiva fijado por los juristas, los magistri in utroque iure, cuya opinión adquiría fuerza vinculante, en la medida en que contribuían a formar el criterio de los tribunales de justicia. La doctrina cumplió una función decisiva, que quizás en ninguna otra situación histórica posterior logró recuperar.

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Fuente:
Derecho eclesiástico del Estado español, José M. González del Valle, Pedro Lombardía, Mariano López Alarcón, Rafael Navarro Valls y Pedro Juan Viladrich. Páginas 51-53.