miércoles, 6 de marzo de 2013

Bases doctrinales del hierocratismo medieval



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Descritos algunos de los hechos más significativos de la función desempeñada por los papas en la formación del orden medieval y de la posición predominante en que quedaron situados, como cúspide de la jerarquía que estableció el Derecho Público de la Cristiandad, es necesario detenerse brevemente en la consideración de los fundamentos doctrinales en que se apoyaba el poder del pontificado.

Arquitectura medieval

Con frecuencia se afirma que la organización política de la Cristiandad medieval era teocrática; otros autores hablan, con más precisión, de hierocratismo. En todo caso, resulta claro que el orden jurídico de la Cristiandad medieval atribuyó un papel tan destacado a las autoridades religiosas que, ciertamente, puede hablarse de una descompensación del equilibrio del dualismo gelasiano, mediante una afirmación del poder espiritual en perjuicio del poder temporal. La función de los papas en la Cristiandad no se reduce al orden interno de una comunidad de creyentes, ni está circunscrita a materias de índole exclusivamente religiosa, sino que afecta a la dirección del conjunto de una sociedad, cuyos efectos se manifiestan también en materias temporales, por otra parte de difícil delimitación, en un contexto todo él impregnado del influjo de valores religiosos.

Una amplísima bibliografía se ha ocupado de estudiar y discutir la difícil cuestión de las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal en la Cristiandad medieval y del complejo proceso que llevó a su planteamiento, sin que haya sido posible llegar a una unanimidad de conclusiones.

Es difícil explicar la evolución que va desde la doctrina dualista del Papa Gelasio hasta los planteamientos de pontífices como Gregorio VII, Inocencio III, Inocencio IV o Bonifacio VIII, proceso que se desarrolla en un amplio arco temporal de una duración de más de ocho siglos. Se ha hablado, para describir esta evolución, de una tendencia a absorber el orden natural en el sobrenatural, que en el orden político "da lugar a la absorción del derecho natural en la justicia sobrenatural, el derecho del Estado en el de la Iglesia".

El trasfondo ideológico de tal evolución estaría constituido por la doctrina del agustinismo político, deformación medieval de la doctrina de Agustín de Hipona que, al no distinguir con nitidez entre el orden natural y el sobrenatural, propiciaría el desdibujamiento del equilibrio gelasiano.

Aunque la doctrina dualista del Papa Gelasio se suele estimar por los historiadores plenamente vigente hasta el s. IX, se va produciendo un proceso hacia la supremacía de los espiritual, basada en el agustinismo político, que Arquilière, de manera quizás excesivamente lineal, ha resumido en tres fases, caracterizadas por los nombres de Gregorio Magno, Isidoro de Sevilla y Carlomagno, en las que se iría paulatinamente afirmando la idea de que el príncipe cristiano ha de desempeñar un ministerio eclesiástico: ha de trabajar al servicio de Dios y de la Iglesia. Y aunque ello, en la concepción de Carlomagno, significaba que el Emperador se sentía legitimado para una intensa intervención en materia eclesiástica, no dio lugar a una especie de Cesaropapismo occidental. Carlomagno, emperador ungido por el papa (a. 800), que había de acumular un gran poder eclesiástico, al considerarse un servidor de la Iglesia, estaba sentando las bases que llevarían en definitiva a la supremacía del Pontificado sobre el Imperio.

Esta supremacía no se afirmaría, sin embargo, definitivamente hasta el pontificado de Gregorio VII, de cuyas formulaciones doctrinales se suelen citar como antecedentes algunas expresiones de San Pedro Damián y de León IX.

Gregorio VII, al excomulgar a Enrique IV (1076), no sólo entiende que le priva de derechos espirituales, sino que atribuye a su acto de jurisdicción eclesiástica una clara consecuencia política: "que ninguno le sirva como a rey". Expresiones análogas se encuentran en el Dictatus Papae, documento de Gregorio VII encaminado a imponer los criterios de la reforma gregoriana.

A partir de este momento, la eficacia de la jurisdicción eclesiástica en materia temporal se afirma cada vez más resueltamente por teólogos, canonistas y papas, hasta el final del pontificado de Bonifacio VIII (a. 1303).

En el momento histórico en que Graciano elabora el "Decreto", dos famosos autores mantienen opiniones tendentes a fortalecer la posición del papado. Hugo de San Víctor (+ 1141), tratando de la unidad de la Cristiandad, se refiere a los dos poderes que se dan en ella, a los que considera distintos y paralelos, pero subraya que al poder espiritual por ser el más digno, le corresponde "instituere" (formar, orientar) al temporal y juzgarlo si no obrara rectamente; concluye, finalmente, que la potestad terrena, que recibe la bendición de la espiritual, se considera lógicamente inferior. Por su parte, San Bernardo de Claraval, escribiendo en 1152, atribuye a la Iglesia las dos espadas, tantas veces aludidas en la literatura medieval sobre el tema, en un pasaje difícil de interpretar, en el que señala que la espada espiritual ha de ser "ejercida por la Iglesia"; en cambio, la temporal ha de estar en la mano de los soldados, pero para manejarla teniendo en cuenta el criterio de los sacerdotes y las órdenes del Emperador.

Los textos de los papas de la época del máximo esplendor del pontificado medieval constituyen en su conjunto un material tan amplio y de tan difícil interpretación, que ha dado lugar a multitud de investigaciones, cuyos resultados, no siempre concordes, no es posible recoger aquí con detalle. Nos limitaremos, siguiendo la síntesis de Reina a aludir a las formulaciones de los tres pontificados clave, por lo que se refiere al problema: Inocencio III, Inocencio IV y Bonifacio VIII.

Entre los numerosos textos de Inocencio III tiene particular importancia la decretal Novit, dirigida al episcopado francés con motivo de la ruptura del juramento de paz que habían hecho Felipe Augusto y Juan sin Tierra (1204). En esta decretal establece el principio de que no pretende juzgar al feudo, sino discernir del pecado, cuestión que corresponde al Papa sin ningún género de duda. Esta fórmula será comentada por Sinibaldo de Fieschi (que después sería papa con el nombre de Inocencio IV), aclarando que la incompetencia de Inocencio III en una cuestión de feudos debe entenderse en el sentido de que el asunto no le compete directamente, pero sí indirectamente.

Una vez papa, Inocencio IV afirmará que el Pontífice Romano, en cuanto Vicario de Cristo "naturaliter et potencialiter" es rey, aunque no ejerza el poder temporal. Por otra parte, en el Concilio I de Lyon (1245) depondría a Federico II, al que consideró privado por el Señor, a causa de sus pecados, de todo honor y dignidad y liberados a sus súbditos de cualquier juramento de fidelidad.

En cuanto a Bonifacio VIII, su doctrina está sistematizada en la célebre y discutidísima Bula Unam Sanctam cuyas tesis fundamentales, siguiendo la exégesis de Rivière, han sido resumidas por Reina en tres puntos:

a) A la Iglesia, en cuanto órgano universal y necesario de salvación, pertenecen las dos espadas: la diferencia radica en la manera como se usan.

b) El poder civil es distinto del eclesiástico, pero está radicalmente subordinado a éste; por tanto se propugna la distinción y la subordinación.

c) La subordinación se concreta: 1) en que la autoridad secular tiene su origen en la Iglesia; 2) en que debe actuar ad nutum et patientiam sacerdotis; 3) en que a la potestad espiritual compete juzgar los actos de la temporal, si no fuesen buenos.

Fácilmente se comprende la extraordinaria dificultad de la interpretación de estos textos, tanto desde el punto de vista de la comprensión de las instituciones de la época, como si se considera la cuestión en el contexto de la continuidad del Magisterio eclesiástico. Las interpretaciones más atendibles se mueven entre dos fundamentales posiciones. Las de aquellos autores que ven en las decisiones de los pontífices medievales un apartamiento del dualismo gelasiano y la atribución a la jurisdicción eclesiástica de una potestad directa sobre materias temporales y las de quienes entienden que se trata de aplicaciones extremas de la doctrina de la potestad indirecta de la Iglesia sobre lo temporal, que habría de consolidarse en posteriores períodos históricos.

Por otra parte la polémica no fue exclusivamente teológica; los juristas, con sus soluciones concretas, aportaron importantes puntos de vista; pero como afirma Stickler, al ser precisamente los juristas la fuente menos estudiada, no es posible aun tener una visión completa del pensamiento medieval sobre el problema.

Fuente:
Derecho eclesiástico del Estado español, José M. González del Valle, Pedro Lombardía, Mariano López Alarcón, Rafael Navarro Valls y Pedro Juan Viladrich. Páginas 54-58.