jueves, 7 de febrero de 2013

Posición de la Iglesia en la formación del orden político medieval



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Para comprender la inicial posición de la jerarquía eclesiástica en el esquema político de la Europa de la Edad Media hay que tener en cuenta que en Occidente, ya en pleno siglo IV, como consecuencia de la descomposición interna y por el impulso de los nuevos pueblos que se iban estableciendo en el ámbito del Imperio, el orden romano va desapareciendo.

En estas circunstancias, desbordados los restos de la administración imperial, sin que se tampoco hubiera sido sustituida por otra, lo que realmente se produce es un vacío de poder. Y es precisamente al suplir ese vacío de poder, cuando va a comenzar el importante papel político que la jerarquía eclesiástica desempeñó en el Occidente medieval. En efecto, cuando todo poder parece tambalearse y las ciudades del Imperio se ven frecuentemente amenazadas por el riesgo de destrucción o saqueo, el obispo aparece como la única autoridad indiscutida, que con frecuencia asume el título de defensor civitatis; se trata, sencillamente, de un fenómeno de auctoritas, derivado del prestigio de la función religiosa y, muy frecuentemente, de una superioridad indiscutible en el orden cultural. Este hecho se produce con mucha más rotundidad aun en Roma, la vieja capital imperial, ya desplazada otras ciudades (Milán, Rávena) en el orden político, cuyo mayor título de preeminencia será en este momento su condición de sede de los sucesores del Apóstol Pedro.

Desde este punto de partida, la jerarquía eclesiástica, detentadora de una gran autoridad moral y depositaria de la cultura religiosa y profana, no perderá en toda la Edad Media su importantísimo papel.

Todo ello, al mismo tiempo que envuelve a la jerarquía eclesiástica en las responsabilidades propias de los señores feudales, la coloca en una situación adecuada para ejercer su influjo espiritual en un contexto social muy distinto del nuestro, en el que era prácticamente imposible influir sobre la conducta de la sociedad sin ocupar un lugar de preeminencia. No se olvide, por otra parte, que en el seno de una colectividad totalmente cristiana (la cristiandad), la función de la jerarquía eclesiástica es considerada como una de las tareas claves, a la que son reconocidos los privilegios característicos de una sociedad estamental.

Los monasterios cumplen una función análoga, especialmente importante en el orden cultural, que lleva con frecuencia a los abades a cumplir el papel de señores feudales.

En cuanto a los papas, mucho antes de que Pipino el Breve (s. VIII) les confíe unos territorios italianos, en calidad de feudo del reino merovingio, son realmente los únicos señores de Roma, adquiriendo de este modo un poder político que encontrará su continuidad en los Estados pontificios, que perviven hasta 1870, y de una manera simbólica, a partir de 1929, en el actual Estado de la Ciudad del Vaticano.

Estos hechos explican la gran cuestión que va a debatirse a lo largo de la Edad Media. El papa y la jerarquía eclesiástica reivindican la libertad para ejercer con plenitud y sin interferencias su poder espiritual; poder eclesiástico, pero tiene unas evidentes consecuencias temporales, puesto que cualquier tacha de infidelidad al espíritu cristiano resquebraja de hecho el prestigio necesario a los gobernantes temporales para el ejercicio del poder en la respublica christiana. Por otra parte, los dignatarios eclesiásticos, al ser al mismo tiempo con mucha frecuencia señores feudales, estaban ligados -y no podía ser menos de ser así- al Emperador y a los reyes por los vínculos de fidelidad, propios de su función temporal. El momento culminante de este debate tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XI, período histórico en el que habría de configurarse definitivamente el ordenamiento jurídico político de "una de las más acabadas realizaciones que ha conocido la historia de la humanidad: la civilización cristiana medieval".

En estos años cruciales, los papas van a llevar a cabo una empresa que se desarrolla en dos fundamentales frentes: En primer lugar, procuraron lograr la independencia del papado, liberándolo de la tutela de los emperadores del Sacro Romano Imperio, que en anteriores decenios, especialmente durante el reinado del emperador Enrique III, controlaron las designaciones pontificias, reservando la tiara a prelados germánicos. En segundo lugar, llevaron a cabo una reforma de la Iglesia, dirigida a extirpar vicios, a espiritualizar la tarea de los dignatarios eclesiásticos y a someterlos más eficazmente a la autoridad papal, con la consiguiente centralización del gobierno eclesiástico.

Esta empresa, conocida como la "reforma gregoriana", tuvo su más destacado representante en el monje Hildebrando, que fue cardenal y después papa, con el nombre de Gregorio VII. Durante su pontificado (1073 a 1085) se adoptaron las fundamentales medidas reformadoras y se afianzó la consideración del poder espiritual sobre el temporal.

Como parte importante del programa de reforma, el papado reivindicó la libertad para nombrar a los dignatarios eclesiásticos, frente a la ingerencias de los príncipes y especialmente del Emperador. Esta reivindicación planteó la famosa querella de las investiduras, que hizo extraordinariamente difíciles las relaciones entre el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (suprema cabeza espiritual de la Iglesia). Los príncipes temporales pretendían ejercer sobre los señores eclesiásticos los mismos derechos que sobre los señores temporales; el Papa, a su vez, consideraba que la investidura del báculo y el anillo, símbolo de un poder espiritual (pero que tenía consecuencias temporales anejas), era un asunto eclesiástico, que no podía interferirse con el poder temporal. Esta sutil cuestión, que llevaba implicados problemas teológicos, políticos y jurídicos de extraordinaria dificultad, constituye uno de los puntos clave del Derecho Público de la Cristiandad medieval.

El Concordato de Worms (1122), estipulado entre el Papa Calixto II y el Emperador Enrique V, pone fin a la lucha de las investiduras y establece unas bases para la convivencia entre ambos poderes.

Fuente:
Derecho eclesiástico del Estado español, José M. González del Valle, Pedro Lombardía, Mariano López Alarcón, Rafael Navarro Valls y Pedro Juan Viladrich. Páginas 48-50.