jueves, 31 de enero de 2013

Política religiosa del Estado y Derecho eclesiástico



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Antes de terminar el tratamiento de la autonomía científica del Derecho Eclesiástico es importante, sin embargo, que nos detengamos en un tema relacionado con ella que, pese a ser en rigor tangencial, no carece de significación.

Es, en efecto, oportuno tomar conciencia de un planteamiento, hecho por algunos autores, que ligaría el desarrollo del Derecho Eclesiástico a unos presupuestos políticos determinados, al margen de los cuales la disciplina dejaría de tener sentido.

Quienes defiendan tal postura parten de la aludida caracterización del Derecho Eclesiástico como Derecho especial y, sobre esta base, señalan que en aquellos países, en los que ha arraigado en profundidad el principio liberal de la separación entre la Iglesia y el Estado, la materia religiosa es regulada por el Derecho común y, por tanto, no tiene sentido el estudio del Derecho Eclesiástico, como rama autónoma de la ciencia jurídica. Aquí estaría la explicación de la escasa atención que a este tipo de estudios se presta en países como Estados Unidos, Francia o Bélgica, en ninguno de los cuales cabe señalar en rigor la existencia de una Ciencia del Derecho Eclesiástico.

En cambio, el desarrollo de estos estudios sería un indicio de que, en un determinado país, el Estado no habría adoptado una actitud separatista, sino jurisdiccionalista; es decir, dirigida, según el eficaz resumen de D'Avack, "bien a favorecer, bien a obstaculizar y vincular la vida de las Confesiones religiosas, pero en todo caso tendente a no ignorarlas y a no dejarlas confundidas con las demás formaciones sociales, ni sometidas al Derecho común". Por otra parte, estos autores, verían en la tendencia a someter la vida de las Confesiones religiosas al Derecho común, con la consiguiente desaparición del Derecho Eclesiástico entendido como Derecho especial, una lógica consecuencia del agnosticismo y neutralidad en materia religiosa, características de los Estados democráticos occidentales. Quien se sitúa en esta línea de razonamiento, basta que ceda un poco a la tentación de la retórica para que termine afirmando que el Derecho Eclesiástico es una rama de los estudios jurídicos que si conserva aún una existencia residual, es como consecuencia de la marginal supervivencia de algunas actitudes políticas, propias más bien de los Estados confesionales del Antiguo Régimen.

No cabe duda de que, en análisis de este tipo, hay algunas observaciones estimables: ciertamente, la afirmación de las democracias de inspiración liberal y la práctica universalización en ellas de la aconfesionalidad del Estado, lleva consigo una reducción de la intervención normativa estatal relativa a materias religiosas, en relación con la que caracterizaba, por ejemplo, a los Estados absolutos del siglo XVIII de inspiración regalista e incluso con la que tan abundantemente prodigaron algunos Estados liberales europeos del s. XIX, cuando, mediante medidas persecutorias de las Confesiones religiosas, trataron de llevar a cabo un programa de secularización de la sociedad. No se olvide, que las medidas persecutorias contra las Confesiones religiosas constituyen también Derecho especial en materia religiosa, tan abundante hoy en los ordenamientos jurídicos de algunas democracias populares.

Pese a la innegable relación entre la magnitud de la masa normativa del Derecho especial sobre materia religiosa y el tipo de política con respecto a las Confesiones, que los distintos Estados adoptan, considero que el pronóstico de la desaparición del Derecho Eclesiástico en los países de organización política democrático-occidental debe acogerse con grandes reservas; todos los síntomas parecen, por el contrario, indicar que vamos a asistir en los próximos años a un notable desarrollo de esta rama del Derecho, tanto si se considera la cuestión desde el plano del Derecho positivo, como desde el punto de vista científico.

Al respecto, es necesario ante todo tener en cuenta que no puede confundirse actitud dogmática, por parte del Estado, acerca de los contenidos de las creencias religiosas, con sensibilidad para captar las peculiares características del fenómeno social religioso, presupuesto imprescindible para que pueda tutelarse la libertad, que para manifestarse le compete en el contexto de una democracia pluralista.

Resulta evidente que en la actualidad los Estados democráticos occidentales se consideran incompetentes para emitir juicios de valor acerca de la veracidad o falsedad de las doctrinas de las distintas Confesiones y tienden a desvincularse de lazos derivados de la consideración de una determinada Confesión como Religión oficial del Estado. Este proceso de aconfesionalización puede considerarse prácticamente concluido en los países de tradición católica. Ciertamente, aún existen notables manifestaciones de confesionalidad en algunos países democráticos de tradición protestante (Reino Unido de la Gran Bretaña, Suecia), pero estas supervivencias se explican con facilidad si se tiene en cuenta que revisten unas características preferentemente rituales y simbólicas, explicables por razones históricas, que poco influyen en la inspiración doctrinal del Derecho del Estado y afectan cada vez menos a la igualdad jurídica de los ciudadanos. Distinto -y de muy difícil comprensión a partir de nuestros esquemas mentales- es el panorama del mundo islámico, que nos ha ofrecido, todavía en 1979, el ejemplo de una revolución en Irán, basada en la pretensión de instaurar una república coránica.

Ello no implica, sin embargo, que los Estados democráticos tiendan a prescindir de la regulación jurídica de la dimensión social de la vida religiosa; por el contrario, como a su tiempo veremos, las Declaraciones de derecho reclaman unánimamente la tutela de la libertad religiosa, derecho habitualmente reconocido en las Constituciones de los Estados, cuya eficaz protección no puede llevarse a cabo prescindiendo de los peculiares matices de la dinámica de la vida religiosa y de otros muchos aspectos de la vida social, lo cual difícilmente puede lograrse sin un Derecho especial, que en mayor o menor medida y en congruencia con las características de los distintos sistemas jurídicos, se da en todos los países.

El Profesor Cesare Mirabelli, refiriéndose al caso de Italia, ha hecho unas fines observaciones al respecto, aplicables a cualquier ordenamiento jurídico actual de corte democrático occidental: "La ley especial no es necesariamente privilegio. Si no fuera así, tendríamos que decir que al menos dos tercios de la producción normativa de nuestro Parlamento es producción de normas privilegiarias".

Y a continuación añade: "El moderno "uso" del Derecho, con una función que no es ya prevalentemente sancionatoria, sino más bien de encauzamiento y promoción de las opciones de comportamiento de los consociados y de los grupos, exige normas diferenciadas, expresadas por ejemplo con mayor claridad que las llamadas leyes de incentivo ¿Significa esto abrir las puertas al privilegio? Es un riesgo que se corre de manera muy limitada desde el momento en que ha sido institituido un órgano que puede declarar la ilegitimidad de la ley: la Corte constitucional, que ha elaborado y va elaborando un articulado sistema de principios para el control de la misma discrecionalidad del legislador, especialmente desde el punto de vista de la racionalidad".

Ciertamente, en todos los países democráticos no existe un Derecho Eclesiástico tan desarrollado como en la Alemania Federal o en Italia, cuyos ordenamientos jurídicos están dotados de una amplia legislación eclesiástica, constituida tanto por normas de procedencia exclusivamente estatal (normas unilaterales), como por disposiciones basadas en acuerdos con las confesiones religiosas y dotadas, por tanto, en mayor o menor grado, de la nota de la bilateralidad; sin embargo, independientemente de que se cultive o no como rama autónoma de la Ciencia jurídica, la existencia de la legislación eclesiástica -Derecho especial relativo al factor religioso- es un fenómeno prácticamente universal. Ni siquiera es exacta la afirmación tópica de que no existe un Derecho eclesiástico norteamericano. Por supuesto, una rama científica de los estudios jurídicos denominada Derecho Eclesiástico no existe en aquel país, como no existen la mayoría de las ramas del Derecho habituales entre nosotros, dada la diversidad de planteamientos en el modo de concebir el estudio del Derecho que caracterizan las respectivas tradiciones continental europea y anglosajona; pero ello en manera alguna implica que no exista un Derecho positivo norteamericano relativo a la materia religiosa. Ante todo, leyes relativas a materia religiosa existen, en mayor o menor medida, en los distintos Estados de la Unión; pero, sobre todo, bien sabemos, que en el sistema del common law la fuente más característica del Derecho es la jurisprudencia y tanto los Tribunales federales como los de los Estados han producido un riquísimo conjunto de sentencias, encaminadas precisamente a aplicar el principio de separación entre Estado y Confesiones religiosas, reflejado en la primera enmienda constitucional, a las más diversas manifestaciones de la vida y a los interrogantes que continuamente plantea la evolución de la sociedad norteamericana. Esta jurisprudencia es seguida con creciente interés por los estudiosos europeos del Derecho Eclesiástico.

Por lo que se refiere a España, la Constitución de 1978 ha establecido, como tendremos ocasión de ver, unos principios en materia religiosa difícilmente aplicables sin un Derecho especial que, en efecto, ya ha comenzado a construirse, tanto en el plano bilateral como en el unilateral. Estos principios constitucionales tienden a impulsar una profunda evolución del Derecho español relativo a las cuestiones religiosas, que sólo podrá producirse contando con un bagaje técnico adecuado, que permita comprender en su conjunto la problemática del tratamiento jurídico del factor religioso. Y si bien el contenido de las soluciones dependerán en definitiva de las opciones ideológicas y políticas, la técnica jurídica habrá de cumplir un papel decisivo, en el que no puede olvidarse el valor civilizador del Derecho, mediante esa objetivación del sentido y consecuencias de las distintas posturas en liza que el jurista puede y debe aportar. De aquí la importancia actual del cultivo entre nosotros del Derecho Eclesiástico, con todas las exigencias de rigor que el estudio especializado comporta. Para ello, como escribía el maestro Francesco Ruffini, "no bastan las nociones genéricas del Derecho público y privado, sino que es necesaria una preparación técnica del todo peculiar".

Tengo para mí, que muchos de los errores y faltas de equilibrio cometidos en el tratamiento del factor religioso durante la II República y durante el Régimen 1936-1977, no fueron debidos sólo a las opciones ideológicas y políticas plasmadas en la legislación, sino también a la falta de juristas formados en la peculiar técnica del Derecho Eclesiástico.

Fuente:
Derecho eclesiástico del Estado español, José M. González del Valle, Pedro Lombardía, Mariano López Alarcón, Rafael Navarro Valls y Pedro Juan Viladrich. Páginas 31-35.