miércoles, 16 de enero de 2013

Dimensión social y jurídica del factor religioso



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Para la sensibilidad de no pocas personas las ideas de Religión y Derecho aparecen muy alejadas entre sí; como dos facetas de la vida muy diversas, incluso opuestas y hasta contradictorias.

Se ve con frecuencia a la Religión como algo que se manifiesta exclusiva o preferentemente en el ámbito de la conciencia, se dirige a metas ultraterrenas, compromete lo más íntimo del hombre y sólo tiene sentido desde una perspectiva de radical libertad personal, confundida a veces con la mera espontaneidad.

En cambio, el Derecho se tiende a relacionarlo con la forma exterior de los actos, con los conflictos relacionados con el goce de los bienes terrenos, con las estructuras de poder, con la existencia de normas imperativas cuyo cumplimiento se objetiva en acciones u omisiones de naturaleza externa, no en adhesión de la mente o de la voluntad o en sintonía del sentimiento con la fundamentación de los imperativos.

Si a todo esto unimos que la idea de la coactividad, tan característica del orden jurídico, se confunde con frecuencia con la coacción física y con la posibilidad de imponer mandatos incluso con el recurso a la represión de los comportamientos contrarios a ellos, no es extraño que bastantes consideren que Religión y Derecho son facetas de la via muy distintas e incluso tan opuestas que se llegue a concluir que el Derecho, lo único que puede hacer en relación con la Religión, es restar vitalidad y autenticidad a sus manifestaciones.

Lo limitado de tales planteamientos puede facilmente advertirse mediante un análisis en profundidad, desde la perspectiva de Ciencias como la Teología y la Filosofía del Derecho, que sin duda nos mostraría que responden a visiones unilaterales, incompletas y en definitiva inexactas, tanto de la Religión como del orden jurídico.

Para mi propósito baste, sin embargo, señalar que la experiencia histórica y sociológica revela, sin lugar a dudas, que el factor religioso de la vida humana tiene una innegable incidencia social, política y jurídica.

Algunas elementales observaciones pueden ayudar a advertir la importancia de tal incidencia:

a) Ante todo conviene recordar que la religión supone la creencia en Dios y un modo concreto de entender las relaciones de la divinidad con los hombres y con el mundo. De ello se deriva, entre otras cosas, una moral; es decir, el conjunto de deberes que el hombre tiene en su relación con Dios y con los demás hombres e incluso consigo mismo y con respecto al modo de utilizar a su servicio los bienes terrenos.

Cuando una religión incluye entre sus creencias la creación por Dios del hombre y del mundo -tal es el caso de las confesiones cristianas-, esta moral religiosa suele concebirse como una moral natural (lex creationis), en cuanto que basada en el orden impreso al universo por el mismo Dios Creador; pero, en todo caso, la vivencia religiosa proporciona un especial vigor a los imperativos de la moral natural, a cuya comprensión ayuda la fe y a cuyo cumplimiento se siente ligado con particular fuerza el creyente.

De aquí, que el creyente experimente -por un imperativo de coherencia- la necesidad de que su moral religiosa (que, como señalábamos, es con frecuencia concebida como la moral natural), sea -precisamente porque es considerada como la verdadera- la moral social; es decir, la que esté en la base de las instituciones políticas y de las normas jurídicas. Un modo de concebir el bien y el mal lleva lógicamente a una concreta comprensión de lo justo y de lo injusto y, por tanto, a una tendencia a configurar, de acuerdo con tales criterios, los principios deben regir la vida colectiva.

Esta tendencia se ha manifestado, en distintas épocas históricas y en diversos contextos religiosos y culturales, revistiendo las más variadas manifestaciones: desde el príncipe que se siente instrumento de Dios, llamado a instaurar o defender la ley divina en su reino, hasta el ciudadano que en unas elecciones democráticas procura que su voto esté de acuerdo con las exigencias de sus creencias religiosas; desde las guerras de religión, hasta el problema de la objeción de conciencia (de tanta importancia para una comprensión actual del tema de los derechos civiles), son muchos los ejemplos que podrían proponerse para poner de relieve lo que se pretendía señalar; a saber, que el factor religioso juega un papel decisivo en relación con el ideal de la justicia, la fundamentación de los ordenamiento jurídico, el enjuiciamiento de la legitimidad del poder político, el modo de entender las relaciones entre orden y libertad.

b) Algunos grupos religiosos conciben el orden jurídico como una derivación de una ley de origen religioso, de tal suerte que es prácticamente imposible distinguir, en los ámbitos culturales por ellos configurados, entre un orden religioso y un orden secular o temporal. Resultados análogos pueden producirse cuando una organización política logra dominar e instrumentalizar a su servicio a un determinado grupo religioso. Se trata, en definitiva, de planteamientos monistas de las relaciones entre religión y política, que de una manera más o menos marcada estuvieron presentes en todas las sociedades precristianas y que, en nuestros días, aún se hacen presentes, por ejemplo, en el mundo islámico, en el que tan difícil es definir si la ley coránica está constituida por normas relativas a la vida religiosa o a la configuración de la sociedad civil, y en el que, por tanto, es prácticamente imposible separar un orden temporal y una organización religiosa.

El cristianismo aportó, desde este punto de vista, un planteamiento radicalmente nuevo, que se ha dado en calificar de dualista, basado en la distinción entre orden espiritual y orden temporal. En el capítulo II tendré ocasión de ocuparme del dualismo cristiano y de las vicisitudes históricas que han llevado consigo las diversas modalidades de su aplicación práctica en las distintas etapas de la historia. Por ahora baste tener en cuenta que el dualismo cristiano se fundamenta en la fundación de la Iglesia por Jesucristo, hijo de Dios hecho hombre, como una sociedad, no sólo interior, sino también externa y jurídica, independiente de la organización política de la sociedad civil, que tiene atribuidas unas precisas  competencias en relación con el fun de la salvación de las almas. Desde esta perspectiva, fácilmente se comprende que la fe cristiana no sólo implica unas consecuencias en orden a la concepción del poder eclesiástico; sino también en relación con el poder estatal. Una consecuencia concreta es, por ejemplo, la incompetencia del Estado para gobernar aquellas cuestiones de la vida del hombre que, por voluntad divina, se consideran propias de la función social y jurídica de la Iglesia.

Lo que aquí interesa, simplemente, señalar es que aun en el caso de que el poder político se configure como distinto del religioso, e incluso se proclame agnóstico o ateo, el problema de las relaciones entre Derecho y factor religioso no deja de plantearse.

En primer lugar porque, como apuntábamos, los ciudadanos están influidos por sus creencias a la hora de adoptar aptitudes de orden político o jurídico secular.

En segundo lugar porque la religión, como tal, al mismo tiempo que compromete lo más íntimo de la conciencia del hombre, se manifiesta como un fenómeno de índole social. Los creyentes de una misma religión suelen constituirse como grupo para la difusión de sus creencias y la práctica del culto. Estos grupo religiosos, con frecuencia en total independencia respecto del poder político, tiene una organización, una estructura jerárquica y unas normas escritas o consuetudinarias que regulan su vida colectiva.

Estamos aquí el fenómeno del Derecho de los grupos religiosos, variadísimo en sus manifestaciones, pero en todos presentes, aunque sea de una manera embrionaria. Algunos grupos religiosos están dotados de una importante estructura organizativa y de un sistema de normas bastante desarrollado. Desde este punto de vista hay que destacar a la Iglesia Católica, que cuenta con una compleja organización, al mismo tiempo unitaria y de ámbito universal, y con un sistema de normas jurídicas que se ha desarrollado a lo largo de dos milenios y que ha sido uno de los grandes motores de la Historia del Derecho Universal. Este sistema de normas, el Derecho Canónico, ha influido de manera decisiva en la formación de numerosas instituciones de los ordenamientos jurídicos de raíz europea, tanto los de corte continental, como los responden a la tradición del common law.

c) La dimensión social del fenómeno religioso lleva consigo la necesidad de que el Estado discipline, por medio de su Derecho, determinados aspectos de la dimensión social de la vida religiosa de los ciudadanos.

La política de los Estados con respecto a la religión puede adoptar, y de hecho ha adoptado a lo largo de la Historia, actitudes muy diversas. Unos Estados han protegido una determinada religión, en perjuicio de las demás; otros han fomentado la vida religiosa o han permanecido neutrales ante ella, pero sin interferirse en las opciones de los ciudadanos en relación con el pluralismo religioso; otros, en fin, han perseguido cualquier manifestación de índole religiosa. Estas distintas posiciones se reflejan en las normas jurídicas estatales. Es muy difícil pensar en un ordenamiento estatal que no haga referencia alguna a las creencias o prácticas religiosas de los ciudadanos, aunque sólo sea para respetarlas o protegerlas. El conjunto de estas normas suele denominarse Derecho Eclesiástico o Derecho Eclesiástico del Estado.

Fuente:
Derecho eclesiástico del Estado español, José M. González del Valle, Pedro Lombardía, Mariano López Alarcón, Rafael Navarro Valls y Pedro Juan Viladrich. Páginas 21-24.