lunes, 21 de enero de 2013

El Derecho eclesiástico, rama del ordenamiento jurídico del Estado



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Que la dimensión social del factor religioso es siempre objeto de regulación por parte del ordenamiento jurídico del Estado, nos aparece como un hecho evidente, corroborado por la experiencia de todos los países. Cuestión diversa es determinar si el estudio de tal regulación debe llevarse a cabo de manera unitaria y autónoma, mediante la construcción al efecto de una rama de la Ciencia del Derecho que, como he señalado, suele denominarse Derecho Eclesiástico.

Para algunos juristas, tal rama autónoma del Derecho carecería de justificación; las disposiciones estatales relativas a la vida religiosa serían objeto de estudios de distintas ramas del Derecho Público o Privado: al Derecho Constitucional correspondería el estudio del derecho de libertad religiosa de los ciudadanos y de las relaciones del Estado con las Confesiones, aún cuando este último aspecto -si median instrumentos bilaterales de Derecho Público Externo- se relaciona a veces con el Derecho Internacional Público; la materia relativa a la protección y control de los ministros, lugares y ceremonias de culto y al régimen de los entes eclesiásticos sería de la competencia del Derecho Administrativo; los delitos relacionados con la ofensa del sentimiento religioso de los ciudadanos deberían considerarse materia exclusiva del Derecho Penal; las eventuales ayudas económicas del Estado a las Confesiones y las exenciones fiscales que se concedan a las actividades religiosas interesarían al Derecho Tributario y Financiero; serían temas de Derecho Civil la propiedad eclesiástica y el matrimonio religioso; etc. De hecho, una rama de la ciencia jurídica, dedicada al estudio de la regulación de la materia religiosa, no existe en los países anglosajones, ni en algunos europeos de notable tradición jurídica, como Francia y Bélgica, aunque en estos últimos se individualice, hasta cierto punto, el estudio de las normas relativas a la "policía de cultos".

En cambio, en otros países el Derecho Eclesiástico goza del reconocimiento como rama autónoma de los estudios jurídicos, contando con un cuerpo de doctrina propia y con unas enseñanzas incluidas en los planes de estudios de las Universidades. Tal es el caso de Austria y sobre todo de Alemania e Italia, países éstos cuya contribución al desarrollo científico y al afianzamiento de la autonomía del Derecho Eclesiástico ha sido, como tendremos ocasión de señalar, de extraordinaria importancia.

En España existió durante el siglo XIX en las Universidades una materia, denominada Disciplina eclesiástica, que dio ocasión a que se publicaran algunos libros estimables en los que, según las modas de la época, se trataba del Derecho del Estado relativo a la materia religiosa, junto al Derecho procedente de fuentes eclesiásticas particulares de España. Al desaparecer esta disciplina de los planes de estudio, la consideración científica del Derecho relativo a la vida religiosa apenas si ha tenido otras posibilidades de desarrollo que las que le ofrecían las cátedras de Derecho Canónico que existen en las Facultades de Derecho, pese a que el objeto de estudio específico de estas cátedras es el ordenamiento jurídico del Derecho Público y Privado, en las que teóricamente cabría considerar incluidas las diversas materias jurídicas relacionadas con el factor religioso, prestan escasísima atención a estos temas. Excepción importante a este regla es, sin embargo, la atención prestada por los civilistas al sistema matrimonial español. En cambio, en las Cátedras de Derecho Canónico, aun cuando se ha aceptado plenamente, en el campo científico, la neta distinción ratione fontis entre Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico, se va imponiendo la tradición de incluir en los cursos una parte dedicada a las cuestiones fundamentales del Derecho Eclesiástico Español. De este modo, las cátedras de Derecho Canónico tienden a ocuparse, no sólo de un concreto ordenamiento jurídico confesional -tan importante para la cultura jurídica occidental como el Derecho Canónico-, sino también de la incidencia del factor religioso en las diversas facetas de la experiencia jurídica, considerada en su conjunto. Esta solución, surgida de la sensibilidad de los docentes, marca el camino hacia lo que sería la solución más adecuada: el establecimiento en nuestras Universidades de enseñanzas de Derecho Eclesiástico, autónomas tanto del Derecho Canónico como de las demás ramas del Derecho del Estado.

Las fundamentales razones que pueden aducirse en favor de la autonomía científica del Derecho Eclesiástico son, en definitiva, las mismas que pueden aducirse en favor de la autonomía de las distintas ramas que se van desgajando del añoso árbol del Ius Commune, como consecuencia del proceso de progresiva especialización que se va produciendo, debido al avance técnico de los estudios jurídicos. Proceso de especialización, indiscutiblemente positivo, en la medida en que no lleve a perder de vista la unidad fundamental del ordenamiento jurídico y de las ciencias que lo estudian.

En concreto, por lo que se refiere al Derecho Eclesiástico, la justificación de su autonomía científica ha sido objeto de considerable atención en Italia, y entre nosotros Bernárdez ha tratado del tema con rigor y precisión.

Ante todo hay que señalar que no constituye un obstáculo al reconocimiento de la autonomía científica del Derecho Eclesiástico el que éste carezca de autonomía legal o legislativa. La autonomía legal consiste "en la existencia de un cuerpo legal unitario en que vengan sistematizados los preceptos referentes a la materia o relaciones jurídicas en cuestión o al menos la mayor parte de ellos; es decir, que la materia se encuentre codificada, sin perjuicio de que existan unas leyes especiales más o menos vinculadas a ese Código. Es claro que, desde este punto de vista, no puede predicarse la autonomía del Derecho eclesiástico español en cuanto que los diversos preceptos que lo integran se hallan diseminados en las más diversas disposiciones estatales. No obstante cabe considerar que la autonomía legal ni es condición necesaria para la autonomía científica y ni siquiera, por si misma, suficiente. Por otra parte hay que hacer notar que, en la ciencia jurídica contemporánea, el tema de la llamada autonomía legal y el mito de las codificaciones ha perdido todo su sentido. "En efecto, la individualización y distinción de los varios brazos jurídicos -ha escrito D'Avack- es siempre meramente convencional y, por tanto, las diversas ramas del Derecho público o privado no constituyen ya compartimientos estancos bien delimitados en su ámbito y en sus confines y herméticamente cerrados a cualquier interferencia e influencia exterior. Al contrario, repercuten entre si continuamente, se incluyen recíprocamente y recíprocamente presentan principios, elementos, institutos y normas comunes". Quien perdiera de vista esto podría llegar a dudar de la autonomía del Derecho Administrativo o a imaginar que se puede conocer en serio qué es la propiedad hoy en el Derecho español, mediante un atentísimo estudio del Código Civil, pero sin tener en cuenta, por ejemplo, la ley del suelo.

"La autonomía de una ciencia jurídica -ha escrito con razón Gismondi- puede encontrarse siempre que un conjunto de normas llegue a un desarrollo tal que se destaque y desvíe del ordenamiento originario, dando vida a un sistema complejo, destinado a regular una especial categoría de relaciones que se concreta precisamente en un Derecho especial".

En realidad, la autonomía científica del Derecho Eclesiástico Español depende -como ha señalado Bernández- de que sea posible "una sistematización científica unitaria y complexiva tanto por la significación del objeto cuanto por la posibilidad de que las diversas regulaciones que el ordenamiento otorga al tema religioso obedezcan a unos principios informadores, cuya indagación debe constituir cometido de esta rama científica".

Para ello, ciertamente no basta que el Estado regule la dimensión social de la vida religiosa, en tanto en cuanto que a ella sean aplicables normas comunes a otras manifestaciones de la dinámica social. Hace falta además, como ha señalado D'Avack, "que en un determinado ordenamiento estatal el fenómeno religioso tenga una regulación propia y específica; es decir, que sea objeto de un Derecho especial, que venga a regular un conjunto de hechos sociales agrupados bajo este específico punto de vista y que resulte diferenciado del derecho más general, tomado bajo un concepto en el cual no entra como criterio de calificación la religiosidad".

El conjunto de este libro mostrará de manera evidente que el ordenamiento jurídico español cuenta con una apreciable masa normativa que regula materias de Derecho eclesiástico. Es más, el modo en que se vaya produciendo la transformación de esta masa normativa, para adaptarla a los principios establecidos en la Constitución, constituirá un banco de prueba particularmente sensible de la profundidad de la reforma del ordenamiento jurídico, actualmente en curso, como consecuencia de las exigencias de los nuevos planteamientos políticos.

Existe, por tanto, un Derecho especial español relativo al factor religioso, cuyas normas tienen una peculiar significación, por responder a unos principios informadores, que a su vez reclaman ulteriores desarrollos legislativos.

Fuente:
Derecho eclesiástico del Estado español, José M. González del Valle, Pedro Lombardía, Mariano López Alarcón, Rafael Navarro Valls y Pedro Juan Viladrich. Páginas 27-31.